El Mundo-El Día de Baleares, 25 de marzo de 2008
Última Hora, 28 de marzo de 2008
Diario de Mallorca, 13 de abril de 2008
Después de treinta años, las principales instituciones ejecutivas y legislativas del Estado Español necesitan un replanteamiento o, cuanto menos, un debate en torno a una futura revisión. Aquí esbozo algunas pautas que me parecen importantes:
1. El Senado, cámara de representación territorial. Para ello debe sustituir su ley electoral mayoritaria por una proporcional (la Ley D'Hondt del Congreso) y así facilitar la entrada de las minorías locales que no tuviesen acceso al Congreso; cambiar la división provincial por la autonómica, y aumentar al menos hasta 300 senadores (hoy tiene 259). Puede mantener un mismo número de senadores para sus circunscripciones, como hasta ahora (según sean provincias, islas o ciudades autónomas), aumentando el número en cada caso. Los senadores designados por los parlamentos se mantendrían con los criterios actuales o parecidos, y los presidentes autonómicos serían senadores per se.
2. Elecciones presidenciales a doble vuelta y separadas de las legislativas, para disociar el voto a la presidencia del de los representantes a Cortes: votar a un partido no supone necesariamente apoyar al candidato presentado, y viceversa. Las legislativas contarían con listas abiertas al Congreso, y -como hasta ahora- en el Senado.
3. Elecciones a la Presidencia, al Congreso y al Senado en fechas diferentes para evitar que unas influyan en otras –aunque estén separadas por unos pocos meses o semanas. Revalorizaría cada institución por separado, y evitaría que el voto al Senado sea por inercia el mismo del Congreso, o éste venga condicionado por la elección presidencial.
4. Elección directa de presidentes autonómicos y alcaldes. Con o sin segunda vuelta, aunque acarrearía dificultades de gobernabilidad en muchos casos al no coincidir con las mayorías y pactos establecidos en los parlamentos y consistorios.
5. Aplicación común de pautas electorales. En los parlamentos autonómicos y alcaldías se aplica la Ley D'Hondt; pero desigualmente, porque el porcentaje mínimo para obtener representación en los parlamentos autonómicos varía según el interés de cada gobierno. O en Euskadi, donde las demarcaciones no tienen un peso proporcional a su demografía. Finalmente, favorecer que las autonomías sustituyeran las provincias por demarcaciones propias, como en Baleares con los Consells o Canarias con los Cabildos.
Última Hora, 28 de marzo de 2008
Diario de Mallorca, 13 de abril de 2008
Después de treinta años, las principales instituciones ejecutivas y legislativas del Estado Español necesitan un replanteamiento o, cuanto menos, un debate en torno a una futura revisión. Aquí esbozo algunas pautas que me parecen importantes:
1. El Senado, cámara de representación territorial. Para ello debe sustituir su ley electoral mayoritaria por una proporcional (la Ley D'Hondt del Congreso) y así facilitar la entrada de las minorías locales que no tuviesen acceso al Congreso; cambiar la división provincial por la autonómica, y aumentar al menos hasta 300 senadores (hoy tiene 259). Puede mantener un mismo número de senadores para sus circunscripciones, como hasta ahora (según sean provincias, islas o ciudades autónomas), aumentando el número en cada caso. Los senadores designados por los parlamentos se mantendrían con los criterios actuales o parecidos, y los presidentes autonómicos serían senadores per se.
2. Elecciones presidenciales a doble vuelta y separadas de las legislativas, para disociar el voto a la presidencia del de los representantes a Cortes: votar a un partido no supone necesariamente apoyar al candidato presentado, y viceversa. Las legislativas contarían con listas abiertas al Congreso, y -como hasta ahora- en el Senado.
3. Elecciones a la Presidencia, al Congreso y al Senado en fechas diferentes para evitar que unas influyan en otras –aunque estén separadas por unos pocos meses o semanas. Revalorizaría cada institución por separado, y evitaría que el voto al Senado sea por inercia el mismo del Congreso, o éste venga condicionado por la elección presidencial.
4. Elección directa de presidentes autonómicos y alcaldes. Con o sin segunda vuelta, aunque acarrearía dificultades de gobernabilidad en muchos casos al no coincidir con las mayorías y pactos establecidos en los parlamentos y consistorios.
5. Aplicación común de pautas electorales. En los parlamentos autonómicos y alcaldías se aplica la Ley D'Hondt; pero desigualmente, porque el porcentaje mínimo para obtener representación en los parlamentos autonómicos varía según el interés de cada gobierno. O en Euskadi, donde las demarcaciones no tienen un peso proporcional a su demografía. Finalmente, favorecer que las autonomías sustituyeran las provincias por demarcaciones propias, como en Baleares con los Consells o Canarias con los Cabildos.